La Diputación de Gipuzkoa denuncia la vulneración de derechos de la población palestina

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La Diputación de Gipuzkoa denuncia que la ocupación israelí de Jerusalén Este se enmarca en un sistema de apartheid que afecta directamente a activistas implicados en proyectos impulsados por el gobierno foral. Llama también a la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

Recibimiento del velero Estelle en agosto de 2012 / Rumbo a Gaza

El Consejo de Gobierno de Gipuzkoa ha aprobado una declaración institucional frente a la vulneración de derechos que sufre la población palestina. Además, ha denunciado que la situación que se vive en Palestina afecta directamente a activistas implicados en proyectos impulsados por la Diputación en territorio ocupado, mediante la dirección foral de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Declaración Institucional frente a la vulneración de derechos de la población Palestina en Jerusalén Este

En 1967, Israel anexionó de forma ilegal Jerusalén Este y 28 pueblos colindantes, anexión condenada en múltiples ocasiones por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU que consideran Jerusalén Este como parte integral del territorio Palestino ocupado. Desde entonces, Israel desarrolla una política de traslado forzoso de población, colonialismo y Apartheid contra la población palestina de Jerusalén Este. Esas políticas constituyen violaciones de los Derechos Humanos y graves infracciones de normas imperativas del Derecho Internacional Humanitario, que podrían ser consideradas crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de Apartheid.

La última expresión de estos ataques contra los derechos fundamentales de la población palestina en la ciudad, es la expulsión de la misma de tres jóvenes, prominentes activistas sociales, Daoud al-Ghoul, Majd Darwish, y Saleh Dirbas. Estos tres jóvenes palestinos de Jerusalén han sido deportados por las autoridades israelís de su ciudad natal durante cinco meses desde el 30 de noviembre de 2014. La violación de esta orden de expulsión conllevaría una pena de cárcel para los jóvenes.

La situación de Daoud Al-Ghoul se agravó desde el 9 de diciembre de 2014 en el que recibió una nueva orden militar, esta vez de expulsión del territorio ocupado de Cisjordania.

Daoud Al-Ghoul, es el coordinador de programas para la juventud de los Comités de Salud (HWC) en Jerusalén y de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil palestina Kanaan y la persona responsable de la coordinación del trabajo de fortalecimiento de la organización de los y las jóvenes de la ciudad, que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha apoyado en las convocatorias de proyectos de Cooperación al Desarrollo de 2013 y 2014.

La expulsión de estos jóvenes es una clara violación del Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o la de cualquier otro país, ocupado o no.

Este no es un caso aislado de persecución contra la sociedad civil organizada palestina en la ciudad, que afecta directamente a los procesos que la Diputación Foral de Gipuzkoa apoya en territorio ocupado palestino. En septiembre de 2014, las fuerzas de ocupación israelís irrumpieron en el domicilio de Iteraf Rimawi, director ejecutivo de Bisan, organización que también participa en proyectos de cooperación apoyados desde la Diputación Foral de Gipuzkoa. Iteraf Rimawi se encuentra detenido bajo la figura de la detención administrativa. Este procedimiento permite a las fuerzas militares israelís mantener a una persona detenida por un tiempo indefinido sin presentar cargos y sin ser puestos a disposición judicial [1]. El pasado miércoles 28 de enero, una semana antes de que terminase el plazo para su puesta en libertad, la detención administrativa de Iteraf Remawi fue renovada durante cuatro meses más.

Por todo ello y atendiendo a nuestro compromiso por los Derechos Humanos de todas las personas y los pueblos,

Denunciamos

1. La violación de derechos fundamentales de la población palestina en Jerusalén Este que se enmarca en un sistema de discriminación racial y Apartheid.
2. La criminalización de las organizaciones de las sociedad civil palestina en Jerusalén Este y de los y las líderes sociales que trabajan por la promoción, protección y defensa de los derechos de la población palestina en Jerusalén Este.

Declaramos

1. Nuestra solidaridad con el pueblo palestino y en concreto con la población palestina en Jerusalén Este.
2. Nuestro apoyo a los líderes sociales sociales Majd Darwish, y Saleh Dirbas, y de manera muy especial, a Daoud al-Ghoul y a Iteraf Remawi, activos participantes en los proyectos que la Diputación Foral de Gipuzkoa apoya en la ciudad.
3. La voluntad de la Diputación Foral de Gipuzkoa de no mantener ninguna relación institucional, conceder ayudas o asistencia a ninguna institución pública o compañía privada responsable de graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y normas imperativas del Derecho Internacional en Jerusalén Este ocupada, y en el resto del territorio palestino ocupado.

Demandamos

1. A las autoridades israelís, la inmediata revocación de las órdenes de expulsión contra Daoud al-Ghoul, Majd Darwish, y Saleh Dirbas así como la inmediata puesta en libertad de Iteraf Remawi.
2. Al Gobierno Vasco, el establecimiento de una comisión de investigación por parte de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo que valore el impacto de las políticas de ocupación, transferencia forzosa y apartheid sobre los proyectos y acciones de cooperación financiadas por los diferentes actores de la cooperación vasca.
3. Al Gobierno Español que se posicione dentro de la UE a favor de la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel debido a las sistemáticas, deliberadas y graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos en los Tratados sobre Derechos Humanos, en base a lo dispuesto en los artículos 2 y 79 del Acuerdo.

Notas:
[1] A pesar de que el régimen de la detención administrativa se utiliza casi exclusivamente para los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados (Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza), los ciudadanos israelíes y los extranjeros también pueden ser considerados como personas en detención administrativa por parte de Israel (en los últimos años, esta figura legal sólo ha sido utilizada con 9 colonos israelíes frente a la media mensual de 765 palestinos detenidos bajo esta figura).